Por: Wyatt Reed 1 diciembre 2019

 

La brutal junta militar que le arrebató el poder al presidente boliviano democráticamente electo, Evo Morales, reprime violentamente la sublevación de la clase trabajadora y los indígenas, y el país cae bajo su control.

Soldados con uniforme militar merodean por las calles e imponen una serie de controles viales alrededor de la sede de gobierno. Cualquiera que ahora sea considerado contrario al statu quo se expone a ser arrestado por cargos de sedición o terrorismo. Periodistas disidentes y simpatizantes de Morales se han visto obligados a esconderse y salen de sus hogares solo cuando es necesario.

Es una dictadura fascista, no hay forma de ocultarlo”, dice Federico Koba, un periodista de izquierda que pidió no usar su nombre real por temor a ser arrestado. “Hay agentes paramilitares que recorren la ciudad tomando fotos e identificando quién es un líder, quién graba las protestas, quién registra la represión”.

Desde que el país fue tomado por las élites terratenientes de extrema derecha, todos los bolivianos de izquierda con un perfil público comenzaron a sentir la coacción.

Días después del golpe que envió a Morales al exilio, los residentes de la ciudad en su mayoría indígena y de clase trabajadora de El Alto, rodearon la planta de gas llamada Senkata, cortándole su principal fuente de gas a la cercana capital boliviana de La Paz. En respuesta, las fuerzas militares y policiales que habían conspirado con paramilitares fascistas para forzar a Morales a dejar el cargo, desataron una brutal ola de violencia contra los manifestantes en gran medida desarmados.

Los “terroristas”, como la junta militar y la prensa bolivianas han denominado a las patrullas auto organizadas y mayoritariamente desarmadas de jóvenes y madres indígenas, fueron decididamente menos violentos de lo que cabría esperar. En lugar de las armas y la dinamita que los bolivianos que apoyaron el golpe de estado insisten que tienen en su poder, solo vi teléfonos celulares y polleras, los vestidos tradicionales que usan muchas de las mujeres indígenas de Bolivia.

Pero eso sirvió de poco para evitar que fueran acribillados en el curso de varias horas. Si bien la cifra oficial de muertos por la masacre de Senkata de momento es nueve, una procesión interminable de familiares de las víctimas le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que el número real era ciertamente más alto: hasta veinticinco muertes.

Sus desgarradores testimonios pintaron una imagen de soldados desquiciados disparando al azar desde helicópteros y puestos de francotiradores. Las madres sollozaban mientras mostraban fotos de sus hijos. Muchos habían sido abatidos a tiros cuando iban o venían del trabajo; muchos simplemente habían desaparecido. Una semana después, sus familias suponen que fueron asesinados por soldados y ocultaron los cuerpos para reducir el número oficial de víctimas.

Pero la junta militar discrepa. El ministro del Interior Arturo Murillo ha insistido que “no se disparó un sólo tiro”.

Eso repitió el doctor en jefe del Centro de Trauma Hospital Corazón de Jesús. Me permitió entrar a la clínica solo después de que cinco enfermeras habían limpiado las pozas de sangre del suelo. El doctor insistió en que solo dos de las víctimas son confirmadas como víctimas de disparos, y que sus heridas eran consistentes con un arma calibre .22, “armas no militares”.

Cómo alguien sin entrenamiento como patólogo forense podría llegar a tal conclusión es desconcertante, pero hoy en Bolivia cualquier profesional médico que contradiga la narrativa oficial corre el riesgo de ser criminalizado. Después de que un video de un profesional médico llorando en Senkata y denunciando cómo la horrorosa violencia se volvió viral, éste fue arrestado pues el régimen boliviano lo acusó de ser un“doctor falso”.

 

Un laboratorio para la guerra informativa

Como explicó “Koba”, “están tratando de reprimir no solo a los manifestantes que marchan, sino a cualquiera que diga algo diferente de lo que el gobierno dice que está sucediendo. Reprimen al medio de comunicación que intente mostrar la represión y los asesinatos, las muertes, y mostrar la evidencia, las protestas y las marchas. Todo lo que está en contra del golpe está siendo reprimido y está siendo atacado”.

Muchos medios de comunicación pequeños y medianos han sido cerrados o se han visto obligados a no mostrar lo que sucede, y a otros se les ha pagado para mostrar lo que les dicen.”.

La policía lanzó gas lacrimógeno a la cara a una reportera de Al-Jazeera que desde la Plaza Murillo en La Paz intentaba envia su informe.Y Telesur, uno de los canales de noticias que da voz a los opositores del gobierno golpista, sufrió la expulsión de corresponsales del país por acusaciones de “sedición” antes que la estación fuera retirada del aire el 21 de noviembre.

El director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo, un aliado de Morales, fue encadenado a un árbol mientras los paramilitares sacaban al personal de su oficina.

Los medios de comunicación bolivianos ahora se enfrentan a una elección: o aceptas un soborno o tu vida se volverá extremadamente difícil. “Los medios tradicionales solo muestran lo que no pueden ocultar. Pero niegan la evidencia. Dicen que fueron montajes, que los cocaleros y las personas de El Alto se están matando.Todo está al revés”. “¡Dicen que somos los fascistas! Dicen que somos los violentos, que somos los terroristas. Dicen que nosotros somos los que llevamos a cabo el golpe hace mucho tiempo con este presunto fraude, este supuesto fraude”.

Los demagogos de extrema derecha han consolidado el control y, como dice Koba, “trataron de poner todo al revés para que el “fraude electoral” fuera un golpe de estado, y el golpe fuera un retorno a la democracia; las fuerzas paramilitares son fuerzas pacificadoras; los fascistas son los demócratas”.

En el 2008, “intentaron dar un golpe aquí, y no tuvieron éxito, pero aprendieron de sus errores. Éste ha sido un laboratorio para usar todas sus armas: la posverdad, los paramilitares, los movimientos civiles financiados por ONGs, y organizaciones fascistas extranjeras.Lo único que tenemos a nuestro favor, que la comunidad internacional ha visto la represión, todas las violaciones a los derechos humanos”.

(Extracto de artículo en The Gray Zone)

 

No podemos entender ni construir la transformación de la escuela pública aisladamente de un proceso mayor, la transformación de la sociedad. Porque asumimos que aquello que queremos transformar de la escuela (ser selectiva, excluyente, competitiva, autoritaria, burocrática y legitimadora de la ideología dominante) son atribuciones propias de un sistema social que la escuela tiende a reproducir hegemónicamente. Concretamente, si hoy en día en la escuela no existen los espacios de comunicación y debate, si el docente aparece como un ejecutor de programas diseñados fuera del aula, si los formalismos tapan la labor pedagógica, si la verticalidad y rigidez no permite el desarrollo de propuestas nuevas, no es porque la escuela sea “mala” sino porque traduce una intencionalidad hegemónica social, y política.

Así como entendemos que no puede transformarse la escuela sin pensar en un cambio estructural, también entendemos que para construir ese cambio es necesario transformar la escuela. Y si bien el sistema educativo en su conjunto no puede dejar de estar al servicio de las clases dominantes en el marco del capitalismo, las escuelas pueden propiciar un espacio de construcción de la resistencia. Aunque reconocemos la intencionalidad hegemónica, también reconocemos y somos parte de las múltiples experiencias y procesos que introducen el carácter complejo, las fisuras, las tensiones internas, y que piensan y llevan a la práctica la difícil disputa por los sentidos ideológicos, por los contenidos, por los espacios institucionales, por las lógicas de construcción de conocimiento. Por eso el conjunto docente, al intervenir activamente en la construcción de la subjetividad de los alumnos, debe entender el rol político de su trabajo en esta disputa: la de la construcción de conocimientos, perspectivas, prácticas, que aporten a la configuración de otra realidad.

A su vez, para que la escuela pueda constituir un espacio de resistencia es necesario que la discusión sobre los sentidos ideológicos que circulan se erijan sobre la base de una educación popular, democrática, participativa y territorializada; sobre una educación de y para todos. Es por eso que la escuela debe nutrirse de su contexto social, de las distintas propuestas pedagógicas de organizaciones del campo popular. Bajo esta idea, defendemos los espacios alternativos que sean críticos pero que no atenten contra lo publico y que aporten a la construcción de nuevos sentidos ideológicos orientadores de las propuestas educativas.

 

*Fragmento del ensayo en que el grupo Siembra,

Argentina, hizo sobre el video La Educación Prohibida.

 

Mª Ángeles Fernández / https://www. pikaramagazine.com

 

27/11/2019. La comunicadora y defensora Marixela Ramos tuvo un papel clave en la lucha contra la expulsión de la minería metálica en El Salvador, a través de Radio Victoria.

Compartimos el dolor de defender los derechos humanos”. Marixela es comunicadora y defensora. Integrante de la comunitaria Radio Victoria de El Salvador, elemento central en la victoriosa lucha para lograr una ley contra la minería metálica en el país, es además vicepresidenta de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS). https://www.facebook.com/arpassv/

Los doce años de lucha han quedado en el cuerpo y hay dolor y duelos”, recuerda la resistencia ante las mineras. “La lucha contra Pacific Rim nos tuvo en zozobra doce años. La comunidad de Santa Marta protestó y nos cuidó a las comunicadoras. Yo cubro la noticia, pero también soy parte de la comunidad”. Marixela no duda: “la comunicación es el centro de la defensa de los otros derechos humanos”.

 

¿Las radios comunitarias en la defensa de los territorios y contra los grandes capitales?

Que un pueblo en resistencia cuente con un medio de comunicación como aliado y como cómplice recupera una herramienta que hace mucho tiempo que le fue arrebatada: la comunicación comunitaria para los pueblos, pues la comunicación también se privatizó y está en manos de unos pocos. En la lucha de El Salvador, el papel que han jugado las radios comunitarias, como Radio Victoria, ha sido fundamental. Defendemos la comunicación como un derecho humano. Sin comunicación se pueden hacer muchas cosas, pero no se saben hacia fuera. En la lucha contra la minería en El Salvador, la radio llegaba a un público que no tenía acceso a talleres ni a formación. La radio juega el papel de devolver esa voz que se le arrebata a la comunidad. No es que los pueblos no tengan voz, es que se les ha arrebatado.

 

Tu labor hizo que recibieras amenazas.

Hacer una comunicación con libertad siempre va a tener amenazas. Los medios muchas veces nos quedamos al centro porque queremos ser imparciales, así se nos enseña a comunicar. Pero creemos en una comunicación que cuando se pone del lado de la gente reprimida y perseguida. Creemos que los medios no podemos decir ‘no estamos de acuerdo con’ porque dejamos de ser profesionales. Nosostros Hicimos periodismo comunitario desde el activismo, desde la comunicación.

 

¿Son las comunicadoras defensoras?

Me reconozco como defensora comunitaria y como comunicadora comunitaria. Hacer comunicación desde la academia es una forma de excluirnos de la comunicación. Todas y todos somos comunicadores, la comunicación no es una cuestión de periodistas o de licenciados en comunicación, es de todos y todas, podemos ser portavoces, altavoces de lo que piden las comunidades, así nos convertimos en defensores de la comunicación como un derecho humano y centro de defensa de los otros derechos humanos.

 

¿Comunicación sin comunidad, es comunicación?

Si vos no estás comunicando lo que la gente hace y rompes ese vínculo, tienes una comunicación fría, un poco deshumanizada. Hay que comunicar desde el sentir, es necesario descolonizar la comunicación. Nos han hecho creer que tenemos que comunicar de una manera neutral, sin sentimientos; estar vinculados a la comunidad nos hace llorar lo que llora la comunidad, y transmitirlo del modo en que habla la comunidad y no hacerlo desde una visión vertical de que yo soy el que manejo la comunicación y la comunidad está en un segundo plano. La comunidad está en primer plano y los comunicadores solo somos portavoces.

Una característica de las radios comunitarias en El Salvador es que nacieron de la lucha. La inspiración de las radios comunitarias radica en la historia de la Radio Venceremos que, en los 80 y desde la clandestinidad, mantuvo informada a la población civil perseguida. Las radios comunitarias en El Salvador vienen de una comunidad histórica que ha estado en el exilio. Hasta el 2016 no se reconocían los medios comunitarios; y con la lucha de las comunidades al defender la comunicación como un derecho, se reformaron 30 artículos de la ley de telecomunicaciones. Se reconocieron los medios comunitarios que existían y se cambió el mecanismo de acceso a las frecuencias, porque la única forma era a través de la subasta y de que quien daba más plata podía acceder. ¿Cómo una organización comunitaria o una organización de mujeres van a acceder si no hay plata? Se mercantilizaba la comunicación. Está tan privatizado el espectro radioeléctrico, que las 22 radios que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador compartimos una sola frecuencia. Es una dificultad, pues los temas locales no tienen tanta incidencia en el ámbito nacional: cada radio tiene limitación; por ejemplo, Radio Victoria solo suena en el departamento de Cabañas, y así estamos fragmentadas.

La coordinadora nacional genera espacios nacionales y compartimos agendas, sin ser una programación. Falta mucho más. Que quien tenga frecuencias no las alquile para vivir de eso, porque la comunicación y las ondas hertzianas del espectro deben ser un bien de la humanidad.” (Extracto)

Raúl Zibechi/ Desinformémonos.

27 noviembre 2019. Desde Santiago La céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión, incitan la revuelta y enfrentan las más diversas opresiones.
Los y las jóvenes no la quieren abandonar, aunque vayan quedando menos, porque sostienen que el día que la protesta abandone la calle, estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 40 días de protesta. Las mayoría de las cientos de miles de pintadas que se encuentran en cada muro en todo Chile, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”. “No más abuso”. “Pacos asesinos”. “Paco culiao” y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre, se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”. Serían necesarias miles de páginas para registrar todas. El diario La Tercera asegura que hay 450 mil metros cuadrados de muros pintados que, dice uno de los portavoces de la derecha, “ensucian Santiago”. Como suele suceder, la derecha concede mayor importancia a las pérdidas materiales que a los 230 ojos cegados por balines y las casi tres decenas de asesinados, lo que devela una concepción del mundo que no hace lugar a los seres humanos, reconvertidos por el neo- colonialismo en bestias de carga como en los peores tiempos de la Colonia. Abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. “La culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú”, acusan los muros.
Me impacta el cartel que colocó una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia: “Volvimos a ser pueblo”. Tan sencillo como profundo, ya que denuncia el neoliberalismo chileno que convirtió a las gentes en consumidoras. Todo un programa político y una ética de vida en cuatro palabras.
Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de 30 las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica en la frontera con Perú hasta el sur mapuche. En la plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano Diciembre 2019 ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera “héroe” de guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, en la cual la segunda perdió su salida al mar.
En Arica destruyeron una escultura en piedra de Colón, que llevaba más de n siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y la cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.
Pedro de Valdivia está en el ojo de los manifestantes. El militar que acompañó a Pizarro en la guerra de conquista y exterminio, fundó algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población.
Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica plaza de Armas. Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la plaza de la Independencia, donde derribaron la estatua de Valdivia el mismo día que se conmemoraba el primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Fue asesinado el 14 de noviembre de 2018 por un comando de Carabineros, especializado en la represión al pueblo mapuche. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. La dignidad mapuche explica que la bandera más ondeada en el estallido sea la mapuche y que las cabezas de los genocidas rueden por los suelos ante la algarabía popular.