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A pesar de que el gobierno anterior aseguró que durante su mandato se disminuyeron las muertes maternas, el procurador de los Derechos Humanos reveló que en ese período murieron 40 mil mujeres por problemas antes, durante o después del parto. Tenemos el tercer lugar en Latinoamérica con la mayor incidencia de decesos maternoneonatales; cifras oficiales señalan que por cada cien mil mujeres mueren 139.7 por causas de natalidad.
A finales de diciembre, la Segeplan y el Minsap dieron a conocer el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2007, en el que se reconoce la mínima disminución de los niveles de muertes ocasionadas por problemas en el embarazo, parto y posparto. Con razón, Sergio Morales, quien ha presentado un amparo ante la CC por incumplimientos del Ministerio de Salud, ha dicho que si se mantienen los números que se registran en la actualidad, este flagelo se podría erradicar en los próximos cien años, después de que mueran 400 millones de mujeres.
Y, como siempre, son las indígenas, rurales y pobres, las más afectadas por esta injusticia que obedece a causas que son prevenibles. Es en el altiplano, donde se concentra el mayor número de decesos, más del doble del que ocurre entre la población no indígena.
El 41.4% ha fallecido en sus propias casas y el 5.8% en tránsito, es decir, ni siquiera tuvieron oportunidad de atención institucional y, sabiendo que los registros han sido deficientes, ¿de qué tamaño será en realidad el drama de las mujeres víctimas y de sus familias?
La mortalidad materna es considerada un problema de salud pública. En Guatemala tenemos un marco legal que declara la salud como un bien público y es el Estado el responsable directo de velar por la misma, sin discriminación. En cumplimiento de ello se han a s u m i d o compromisos internacionales, entre ellos el de los Objetivos del Milenio, que fijan una reducción de este flagelo en tres c u a r t a s partes antes del año 2015. Si esto no f u e r a alarmante, hay otro dato terrible: se e s t á n reportando m u e r t e s maternas de niñas entre 10 y 14 años. Solo en Huehuetenango, el año pasado, 729 niñitas comprendidas en esas edades resultaron embarazadas, siendo este un problema de dimensiones escalofriantes que impacta directamente en sus vidas, con riesgo para las mismas, para su salud y para su futuro. No es normal ni natural que esas pequeñitas tengan que asumir papeles que no corresponden a su desarrollo físico, mental y emocional, aunque “así sea la costumbre”. Además, esa situación lleva implícito un delito, pues una menor no puede discernir libremente, por lo que hay delincuentes implicados.
Segeplan, el Ministerio de Salud Pública, los centros de Salud y demás prestadores de servicios, tienen la posibilidad de erradicar esta aberración, teniendo para ello importantes aliados, como los observatorios de salud sexual y reproductiva, las redes y alianzas nacionales de mujeres indígenas por la nutrición y la educación y las redes de hombres que han hecho gran trabajo y aportes.
Urge que la institucionalidad respectiva lo priorice. Son vidas perdidas o truncadas, además de que es un asunto de derechos humanos.
Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, directora de Agencia CERIGUA
El día 13 de enero como a eso de las 9 de la noche inicio la ocupación de los terrenos estatales frente al cuartel general Matamoros, la respuesta de las autoridades fue una fuerte movilización de un contingente militar aduciendo que en las instalaciones militares se encuentran reos de alta peligrosidad. Los militares procedieron a intimidar e impedir el paso de los pobladores que poco a poco llegaban a sumarse a la ocupación de tierras, por lo que algunos de los mismos tuvieron que ingresar a los terrenos por los barrancos de alrededor. «...Las intimidaciones son el resultado que las tierras ocupadas son tierras baldías asignadas al Ejército Nacional, aledañas al Cuartel Matamoros...» señaló una de las mujeres pobladoras, que por temor pidió omitir su nombre.
Más de 150 familias de escasos recursos económicos y materiales, en su mayoría de la economía informal y el resto que no gana el salario mínimo ocuparon terrenos propiedad del estado de Guatemala, creando el asentamiento popular Jacobo Arbenz Guzmán, Soldado del Pueblo.
La toma pacífica de los terrenos es consecuencia de la sistemática política de los gobiernos central, local y el poder económico de someternos a vivir en la extrema pobreza y del congreso por no aprobar la ley de vivienda, dijeron los pobladores.
Los pobladores pedían la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el fin de las intimidaciones del personal militar que se ha instalado a los alrededores en donde la ocupación se lleva acabó. (Publicado por CPR Urbana . Guatemala)
Por su parte en una nota de la agencia Cerigua se relata:
La Asociación Pro-Vivienda «Poncho Bauer», a los medios de comunicación nacionales e internacionales informa que por la necesidad de contar con una alternativa de vivienda y ante la falta de políticas que permitan el acceso digno de familias pobres a esta vital necesidad y que nos garanticen este Derecho Humano, hemos accionado a través de la OCUPACIÓN de tierras baldías asignadas al Ejército Nacional, aledañas al Cuartel Matamoros, lo cual hemos realizado en horas de la noche del día viernes 13 de enero de 2012.
Somos 150 familias integradas por hombres, mujeres, niños y ancianos, que hemos decidido fundar el Asentamiento «Jacobo Arbenz Guzmán», en honor a ese digno militar comprometido con las causas populares y nacionales.».
Solidaridad de urgencia con los ocupas del pueblo guatemalteco.
Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y «medidas de austeridad» expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.
La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de «enverdecimiento» del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la «economía verde», es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.
Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino. Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20.
¡Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!
Porto Alegre, Brasil, 28 de enero de 2012.
El Servicio Nacional de Parques amenaza con desalojar a los manifestantes de «Occupy» en Washington D.C.
Mientras tanto, en Washington D.C., el Servicio Nacional de Parques comunicó que comenzará hoy a imponer a los manifestantes de «Occupy» la prohibición de acampar durante la noche en McPherson Square y Freedom Plaza, dos parques cercanos a la Casa Blanca, donde viven desde octubre.
Estudiantes, educadoras y educadores han convertido en propio el campus central de la Universidad Federal de Río Grande del Sur para discutir el derecho a la educación en sus relaciones con la justicia ambiental. Mesas de intercambio, seminarios y actividades autogestionadas conforman el programa de este espacio hasta el 29 de enero. Diego, militante de organizaciones de pueblos originarios, afirmó «el debate en relación a la educación no puede prescindir de un horizonte transformador. Debemos construir un modelo de educación no solamente para el mercado de trabajo y el consumo. Precisamos construir desde el ámbito educativo la certeza de que América Latina puede ser una alternativa frente a la crisis capitalista».
La educación tiene que marchar al ritmo de los tiempos y el entorno actual es de gran complejidad. Ese es el mayor reto para quienes asumen la formación de las nuevas generaciones y aspiran a que esta sea un verdadero derecho humano.
Sergio Haddad, del movimiento Ação Educativa (Brasil) formó parte del panel inicial «Crisis capitalista: causas, impacto y consecuencias para el mundo de la educación». En su intervención llamó a que «trabajemos para que el ser humano y el medio ambiente existan en armonía y así construir un modelo realmente sustentable». Para ello es necesario eliminar las desigualdades sociales que se han reforzado ante la crisis civilizatoria y promover valores alternativos al individualismo que separa a las personas y a los pueblos, en lugar de juntarles en la búsqueda de nuevos caminos.
Según Nélida Céspedes (CEAAL, Perú) hay que partir de enfoques interculturales críticos para enfrentar todo tipo de discriminaciones y apostarles a políticas públicas que reflejen los derechos culturales, económicos, sociales y ambientales. Pero esto precisa también cambiar de paradigmas educativos, afirmó. Ante el predominio de la «cultura del sálvese quien pueda, tenemos que conjugar el yo, el tú y el nosotros como un hecho fundamental, inseparable de esta nueva justicia social y ambiental.»
«Tenemos que tener la capacidad de hacernos preguntas, porque en dependencia de ellas será que podremos enfocar las respuestas, qué preguntas nos hacemos los educadores y las educadoras en la escuela formal y en los espacios comunitarios. Qué articulaciones estamos haciendo y profundizando».
La feminista filipina Gigi Francisco también formuló una interrogante al auditorio: «¿Qué sistema queremos tener?», y les invitó a «crear ese sistema a través de nuestras luchas. Hay que volver a aquellos que desafían el sistema vigente y se organizan. Nosotros los educadores y las educadoras tenemos una batalla directa en el capitalismo, tenemos que lograr que la educación sea un impulso a un mundo sostenible.»
En tanto Nélida, resaltó la construcción de pensamientos alternativos por una educación liberadora en el continente. «Nosotros como miembro de los movimientos sociales latinoamericanas pensamos que desde la educación popular tenemos mucho que aportar». Un referente en esa lucha educativa y política se ha librado en las calles y aulas chilenas. Al respecto habló la profesora chilena Silvia Valdivia, «estamos todos trabajando de conjunto para defender la educación y también el planeta que es el único que tenemos. Hoy siento que venir al Foro Social es una oportunidad de mostrar y decir lo que hemos hecho en la defensa de la educación pública.»
La educadora peruana Nélida Céspedes finalmente planteó un modo inspirador de seguir adelante: «en tiempo de gran tensión es bueno que recordemos la necesidad de visibilizar lo imposible, de dar la pelea permanente para tornar lo imposible en lo posible».
Nota de radio La Ke huelga