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Las excavaciones despertaron muchas expectativas porque parecía que, al igual que en Chile y Argentina, aquí también se lograría la localización de al menos algunos de los cadáveres de desaparecidos por motivos políticos, en virtud de que cientos de campesinos sobrevivientes de la sierra de Atoyác, reiteradamente han atestiguado que en ese lugar fueron torturados antes de ser llevados a otros centros de tortura como la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco y el Campo Militar No. Uno.
La tortura y la desaparición forzada por parte de organismos policíacos y militares al servicio del Estado, están configuradas en los principios internacionales dependientes de la ONU, como crímenes de lesa humanidad de los cuales, el gobierno mexicano no puede eludir su responsabilidad directa por los cientos de desaparecidos y miles de ciudadanos torturados, como medio de querer exterminar por esa vía criminal a la disidencia armada y no armada durante la década de los 70 y parte de los 80, acción que persiste así sea a menor escala.
Las excavaciones realizadas después de más de 30 de años de consumados aquellos crímenes de Estado, significan un triunfo de los familiares de los desaparecidos.
Como lo señalamos en otra parte, la localización de cadáveres en el subsuelo del lugar donde se localizaba un cuartel del Ejército en Atoyác era incierta en virtud de que, aunque sin lugar a dudas fue un centro de tortura, la posibilidad de que en ese mismo lugar hubiesen sido sepultados quienes habrían muerto en la tortura. Para algunos que nos tocó sufrir la desaparición forzada y la tortura durante la guerra sucia, nos pareció que esa clase de excavaciones sin información precisa de los responsables de aquellos crímenes son justificables, pero significa «andar dando palos de ciego»; debido a la falta de voluntad política del gobierno mexicano para abrir los archivos secretos del CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al recurrir a los documentos del Archivo General de la Nación localizado, se puede constatar que los «partes militares» sistemáticamente fueron reportando a la SEDENA la hora, el lugar, las circunstancias y los datos generales de cada uno de los detenidos; las cárceles clandestinas y a los cuarteles a donde eran trasladados.
Y a quienes «les encontraban posibles nexos con la guerrilla los mantenían desaparecidos en el Campo Militar No. Uno (CM1 según claves de la SEDENA) «en esperas de más información». Así mismo, se especifica hasta el número de placas y el tipo de vehículos en que eran trasladados los detenidos al CM1. Sin embargo, «casualmente» la información se corta en ese lugar de quienes hasta la fecha siguen desaparecidos Luego entonces a nuestro entender, lo que procede es presionar a los Gobiernos federal y los Estatales involucrados, seguir presionando al Congreso de la Unión y los congresos locales para que legislen y obliguen a las dependencias del Estado responsables de estos crímenes de lesa humanidad, a desclasificar toda la información acerca de los desaparecidos, a que abran esos archivos secretos para conocer el paradero de los desaparecidos y para que estos crímenes nunca más se vuelvan a cometer en nuestra patria.
Que esto no será fácil en este país gobernado por la derecha y la ultraderecha de todos los colores no cabe ninguna duda.
En Argentina, Chile y otros países sudamericanos que sufrieron el mismo flagelo durante el mismo periodo, han estado logrando la ubicación de fosas clandestinas con cientos de cadáveres de desaparecidos políticos, gracias a los avances democratizadores que se han venido dando últimamente, situación que aún no se está logra en nuestro país. El camino es largo y difícil, pero ese es el reto.
Media hora después de la acción de rescate, la agencia informativa CNN interrumpió su programación para anunciar que el candidato republicano de visita en Colombia, les había hecho llegar un boletín donde aseguraba que gracias al apoyo de las fuerzas armadas de su país, desde sus bases militares habían logrado el rescate exitoso de 14 rehenes en manos de la FARC sin ningún disparo de armas ni el derramamiento de sangre y que esperaban la confirmación de la noticia de parte del gobierno colombiano; misma que dio dos horas después, donde el ministro de defensa de aquel país se rasgaba las vestiduras para asegurar que la acción era mérito única y exclusivamente de sus fuerzas armadas.
Al buscar información a través de otras fuentes cibernéticas se logró contar con datos que han permitido entender el por qué la acción de rescate fue tan fácil y en medio de la selva; lográndose deducir que los guerrilleros creyeron que los rehenes se los estaban entregando a una comisión internacional en «los términos convenidos» y no al comando militar que se presentó en helicópteros repintados y con vestimenta de civiles (utilizando insignias de la cruz roja y del Tevesur). Queda la duda si desde un principio las negociaciones la estuvieron haciendo con agentes disfrazados de intermediarios o si fueron interceptadas las comunicaciones por los escuchas norteamericanos desde sus bases para que se adelantaran a la comisión convenida como ya lo habían intentado en otras ocasiones.
Como quiera que sea, es otro revés más para esa organización guerrillera (después de la muerte de su máximo dirigente «Tiro Fijo», Reyes y otros mandos), que ya contaba con el control de un amplio territorio colombiano; lo que, seguramente les debe estar provocando una gran desmoralización, que bien puede significar su derrota estratégica o la recomposición de sus estructuras internas para detectar deficiencias en sus mandos y redefinir sus estrategias de lucha.
Al respecto, el ministro de defensa aseguró que esa organización la tienen plenamente infiltrada y eso explica sus recientes éxitos. Sin descartar esa posibilidad, bien puede ser también una información deliberada para generar mayor desconfianza al interior de esa organización y reducirle su capacidad de respuesta. Esa estratagema militar podría provocarle mayores problemas al resto de rehenes del las FARC.
De aquella experiencia se pueden sacar diversas lecciones, según la posición política o ideológica que se tenga al respecto: 1) Que el Plan Colombia no ha erradicado el narcotráfico en ese país, pero sí ha sido el medio para combatir a las organizaciones guerrilleras que buscan la transformación revolucionaria por la vía armada.
2) Que el imperio ha logrado cancelar la soberanía de ese país con la implantación de sus bases militares en el marco de ese Plan Colombia, que no sólo vigila a los colombianos disidentes (porque con los narcotraficantes se entienden perfectamente como sucedió en México cuando las guerrillas de Lucio y de Genaro), sino también de los gobiernos de los países circunvecinos que no le son afines.
Colombia conserva el primer lugar mundial en ese negocio.
3) Que cualquier negociación de una organización guerrillera con los representantes del Estado, cuando se da en condiciones de correlación de fuerzas desfavorable, está expuesta a traiciones de diverso tipo como sucedió con el EZLN cuando Zedillo les tendió una trampa en 1996 con motivo de las negociaciones.
4) Que el Plan Mérida tampoco acabará con el narcotráfico con los $400 millones de dólares que le dio Bush a Calderón, pero sí estará sirviendo para que organismos militares y de inteligencia del país del norte tengan como en Colombia, mayor ingerencia en la vida política, militar y policíaca en nuestro país, que combatirá cualquier tipo de disidencia que pudiera poner en riesgo los intereses del gran capital trasnacional y de la oligarquía gobernante mexicana.
Seguramente que el EPR u otra organización guerrillera si estuvieran interesadas en negociar con el gobierno de nuestro país, también estarán sacando sus propias conclusiones.
Desde 2004, el Departamento de Estado de los EU financió la reforma al sistema judicial y penal de México, aprobada el 21 de febrero de 2008 por la Cámara de Diputados (Proceso No. 1633) y posteriormente por el Senado de la República, a pesar de su revisión en uno solo de sus puntos el 26 de ese mismo mes. La figura de los juicios orales formó el corazón de la reforma, así como las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia en detrimento de las garantías individuales. El espúreo presidente Calderón desde antes había asegurado que el Congreso aprobaría las reformas en materia de seguridad pública y justicia, con las que se dará prioridad a salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de delitos y reparación de daños. En este tenor se comprometió a aplicar todo el peso de la ley en contra de quines atenten contra los periodistas y la libertad de expresión.
Porque según él, es el crimen organizado quien censura la libertad de expresión.
Sin embargo, la censura observada en los medios de comunicación no proviene del crimen organizado, a no ser que Calderón se refiera a Azcárraga, Salinas Pliego y a su cuñado Zavala -ahora asesor del grupo Prisa y quien ordenó, entre otros casos sonados, la salida de Carmen Aristegui en W radio- como parte del crimen organizado y por supuesto con él a la cabeza, pues es de ellos de quienes depende la línea editorial de noticieros.
Ahora con la reforma consumada, será mayor el endurecimiento legal de que este país tenga memoria.
A partir de esta reforma se pondrá en riesgo cotidiano el respeto a las libertades individuales. No habrá un país más justo, pero si más duro. De acuerdo con el periodista Ricardo Rocha, la introducción de juicios orales, la creación de jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público, el derecho a una defensa oficial de calidad y la incorporación de principios como el derecho a guardar silencio, no son más que la zanahoria con el fin de hacer creer que la justicia que se imparta será transparente y expedita.
Pero son los garrotes los que significan los graves retrocesos en materia de derechos humanos: la permisividad para que la policía realice allanamientos de morada, arraigamientos, retenes, con órdenes judiciales fácilmente obtenidas o sin ellas, a sabiendas de los abusos en que incurren sistemáticamente todas las policías mexicanas municipales, estatales y federales; la elevación a rango constitucional del arraigo como una forma disfrazada de prisión preventiva (hasta 40 días de incomunicación) sin controles judiciales en perjuicio de los detenidos y en abierta violación a la presunción de inocencia. El Ministerio Público podrá acceder a información confidencial bancaria, fiscal y electoral sin control judicial alguno y en perjuicio de cualquier ciudadano.
Lo más grave de la reforma es que se crea un subsistema de excepción para quienes el gobierno considere responsables o siquiera sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. Un territorio extralegal donde se restringirán las atribuciones de todos aquellos a quienes la autoridad clasifique como «enemigos del Estado», atropellando sus derechos humanos, sus garantías individuales y procesales.
Es tan ambigua la definición de lo que significa «poner en riesgo al Estado», que se puede incluir junto a los narcotraficantes, a quienes se opongan al gobierno mediante actos de resistencia civil, cualquier manifestación social de descontento, o reuniones de 3 ó más personas que les parezcan sospechosas de «asociación delictuosa». Los opositores serán vistos como los peores enemigos, como es el caso de Ignacio del Valle con una condena de 67 años de prisión, o Jacobo Silva y Gloria Arenas con casi 50 años de condena, mientras que a verdaderos delincuentes les dan sentencias ridículas.
Esta reforma será un implacable instrumento de represión puesta en manos del actual aparato de justicia para que los jueces corruptos y su policía golpeen y encarcelen con impunidad a la población organizada, a los obreros, mineros, campesinos, maestros, estudiantes, mujeres y a todos los luchadores sociales.
Los legisladores ignoran a la población que los eligió, no la representan ni atienden las causas estructurales de la injusticia y la criminalidad: pobreza, corrupción, represión e impunidad.
Por lo pronto, la resistencia a la nueva ley continúa.