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El objetivo de esta denuncia (La presentada por Cristina Valls solidaria española agredida en la represión a Atenco en junio de 2006) ha sido luchar por la liberación de l@s compas que se encuentran presas allá, y en cierto modo por la reparación publica del daño que se hizo, pero la justicia, esta justicia que podríamos conseguir por la vía de los tribunales no es la justicia que queremos... de hecho, está muy lejos de la justicia que queremos, puesto que la injusticia de la que partieron los hechos de San Salvador Atenco, la imposición de un proyecto neoliberal en la línea del Plan Puebla Panamá, continua intacta y sigue avanzando, pese a quien pese: a nuestras compañeras, a nosotras mismas, a los pueblos y la tierra.
Seguimos diciendo que la tierra no se vende, se ama y se defiende, y quienes la defendieron siguen padeciendo cárcel y represión, y quienes se han atrevido a levantar la voz, aunque sea para pedir tan solo un proceso de investigación en la vía jurídica están padeciendo hostigamientos y agresiones por parte del gobierno, como es el caso de nuestras compañeras, aquellas que como supervivientes de la tortura se atrevieron a denunciar lo sucedido públicamente allá en México.
Nosotras creemos en la justicia que ejercemos día a día, entre personas, en nuestro barrio, aprendiendo a relacionarnos de un modo menos individualista, construyendo «colectivo» en lo que hacemos; creemos en los lazos de apoyo y lucha común que conseguimos tejer de un lado al otro del océano, sintiéndonos en el mismo camino, compartiendo herramientas, palabras y acciones; creemos en la justicia que estamos reparándonos hacia adentro, trabajando las consecuencias de su represión, conociendo sus objetivos y aprendiendo cómo otras resistieron a sus efectos y continuaron adelante, curándonos juntas poquito a poquito. Y creemos en las redes que hemos ido levantando con ustedes, que nos han permitido conocer en cada lugar sus modos de crear y defender esa justicia nuestra; redes que, a raíz de una represión, se levantaron juntas a gritar, y que han reforzado la conciencia de que no estamos solas, que somos millones y que sus armas no pueden callar nuestra dignidad.
En estos momentos continua el trabajo y la lucha que queremos compartir con ustedes. La situación que se vive allá nos hace seguir necesitando todas las herramientas que estén en nuestra mano para seguir presionado al gobierno de México, y por eso vamos a iniciar una recogida de firmas a favor de la admisión de la querella en la audiencia nacional, pues sabemos que esto será difícil.
Aunque los argumentos estén en nuestra mano, los grandes intereses comerciales que España tiene en México no le son indiferentes a las instancias jurídicas.
Continúa también el trabajo de organización de las jornadas de encuentro en septiembre para tratar más en profundidad el tema de la tortura sexual. Lo cual es un espacio abierto de participación, donde estamos invitando a colectivos y personas que llevan tiempo trabajando el tema específicamente y, también, a colectivos que por su experiencia diaria de lucha y resistencia tienen que enfrentarse a la represión. Pensamos que puede ser un buen espacio para compartir experiencias, y aprender juntas herramientas de resistencia colectiva para que sus métodos represivos no consigan sus objetivos.
Fragmento del artículo de Atenco Somos Todas, en su domicilio eléctrónico desde El Estado Español:atenco somos todas < denuncia-atenco@ riseup.net >
Las 92 trabajadoras de la maquila de calamar en el puerto de Santa Rosalía, Baja California Sur, México, integrantes del SINTTIM (Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria maquiladora) que fueron despedidas injustificadamente por las empresas capitalistas coreanas HANJIN estan en lucha.
Ellas han presentado una demanda laboral en la Junta Especial No. 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el 3 de octubre de 2008 es la audiencia constitucional.
El día 31 de julio se realizó una acción internacional concertada para presionar a las empresas: HANJIN MEXICO de Santa Rosalía, HANJIN TRADING de la ciudad de Los Ángeles y HANJIN KOREA de la ciudad de SOTCHKO en Corea del Sur; que consistió en lo siguiente:
En Santa Rosalía el SINTTIM presionó en el edificio del Ayuntamiento de Mulegé; en La Paz el CISSLABORAL se movilizó en el Congreso del Estado y en la delegación del Instituto Nacional de Migración, en Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos se presionaría en las embajadas y consulados de Corea del Sur, y en Corea organizaciones solidarias harían acciones semejantes.
L@s compañer@s de La Otra en la Ciudad de México se organizaron el 31 de julio para una acción en la embajada de Corea del Sur en la ciudad de México.
Información Casa dela Trabajadoray del Trabajador
Es larga la lucha contra la imposición de un tiradero de basura y ya en el pasado junio, entre el 10 y el 14 de ese mes, parecía que la fuerza con la llegada a la ciudad de Zimapán, Estado de Hidalgo, elementos de la PFP encapuchados y armados, en 4 camiones grandes tipo militar y 3 camionetas doble cabina pick up, se impondría el deseo capitalista y depredador que despoja de terrenos, decisiones y salud a esa población.
A pesar de la gran tensión, ya que estos elementos han estado transitando por las calles principales con gente armada arriba de sus unidades, los de Zimapan resistieron con inteligencia y apoyados en la movilización y denuncias solidarias, además de la oposición jurídica a esta arbitrariedad.
Aunque les quitaron los montones de tierra que servían para bloquear los caminos de acceso al llamado Confinamiento de Desechos Tóxicos, el pueblo organizado se defendió y repuso el amparo contra esas obras, ya que además se les despoja de caminos intercomunales construidos y sostenidos por las mismas comunidades.
La empresa, valiéndose de maquinaria pesada y cientos de granaderos, intimidaron y revisaron a la gente que pasaba por el lugar. «Nos quitaban hasta los calcetines» pero no detuvieron la resistencia.
Actualmente existen más de 800 elementos de seguridad en las inmediaciones del confinamiento de desechos tóxicos, sin que las autoridades locales hagan algo al respecto.
Zimapán pide a todas las organizaciones que apoyen esta causa. Apela a la honestidad de la prensa para dar a conocer la verdad y exigir se aplique la ley: Suspensión de los actos reclamados en el amparo indirecto ingresado por integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán en el que se da el mandato federal de que suspenda la construcción del confinamiento así como de los caminos vecinales.
NO AL TIRADERO DE DESHECHOS TÓXICOS Solidaridad con Zimapán.
El director de la radiodifusora López Santiago ha denunciado desde hace tiempo la presencia de un grupo de porros, apodados «los meños», que estarían merodeando la comunidad, y responsabilizó al presidente municipal priista, Noé Pérez Martínez, quien veladamente ha estado en contra de la radio comunitaria y ha demandado públicamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cierre la emisora comunitaria, acusándola de «enfermar la mente de la gente de la comunidad», que es la manera como dicha autoridad interpreta el ejercicio al derecho al disenso.
Los hechos contra los colaboradores de la radiodifusora resultan violatorios de garantías jurídicas establecidas en la Constitución y en tratados internacionales, así como del derecho al ejercicio de la libertad de expresión establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México es parte.
Las organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades de Oaxaca, para proteger la vida e integridad física de los integrantes de Radio Zaachila, así como encontrar y castigar a los responsables de este atentado, evitando que prevalezcala impunidad pues, tal como lo ha documentado la Misión Internacional para Agresiones en contra dePeriodistas y Medios de Comunicación, en esa entidad se viven constantes agresiones en contra de medios comunitarios, sin que hasta el momento haya justicia y castigo a los responsables. Y se suman «a las voces que exigen que el Estado mexicano, de acuerdo con las obligaciones incluidas en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, garantice al máximo el respeto a los derechos humanos».