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Los ministros determinaron que en el caso de las doce personas se usaron pruebas ilegales con las que se intentó acusarlos de un delito que no cometieron. Ante ello, están libres también Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate.
Queda pendiente la nulidad de las órdenes de aprehensión contra otros y otras luchadoras, en particular a América del Valle, quien ya solicitó asilo político a Venezuela y espera en la embajada, y el castigo a los responsables de tortura hacía participantes en los sucesos del 3 y 4 de mayo.
Para la lucha es importante resaltar que el secuestro equiparado, delito del cual se les acusa a los dirigentes atenquenses, es un signo de alarma y inconstitucional, y su desestimación impide que pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales y que el sistema de procuración y administración de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuente a todo luchador social.
Organizaciones no gubernamentales llamaron a no dejar de lado el seguimiento a los casos de tortura que por parte de las fuerzas policiales ocurrieron en San Salvador Atenco, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, manifiesta que prepara la denuncia por más hechos de tortura a participantes en el movimiento: «En febrero de 2009, en una investigación especial de la SCJN, se llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos (entre ellas tortura) en San Salvador Atenco, incluida torturas sexuales contra personas detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación se negó actuar contra los altos mandos que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos.» Lo mismo, menciona la ONG Agustín Pro Juárez, para continuar llevando a niveles internacionales la denuncia por lo casos de mujeres torturadas.
La libertad de los 12 presos es una victoria indiscutible de la organización popular, principalmente el FPDT de Atenco, de las organizaciones sociales y políticas solidarias de México y del mundo. Pone además en entredicho, y ojalá sirva la resolución de antecedente para eliminar el delito prefabricado de «secuestro equiparado» a quienes exigen a los funcionarios solución urgente a sus demandas.
Para recordar lo que realmente ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006, recomendamos el artículo publicado en La Jornada el 27 de mayo de 2006, Blanche Petrich y Javier Salinas describen el choque entre el FPDT y los granaderos estatales el 6 de abril, cuando los funcionarios fueron retenidos durante unas horas (con ninguna oreja cortada, ningún rescate exigido).
Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía… también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México: Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar. Me voy, pero no me rindo...Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos!
Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país, es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aún cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias.
América Del Valle, fragmentos en la carta de petición de asilo a la Embajada Venezolana.
Sabida es la problemática de vivienda, la conflictiva relación del Instituto con las organizaciones sociales que defienden la autoproducción en lugar de la concesión a las constructoras, y es conocida la imposibilidad para acceder a un crédito de vivienda cuando la bolsa de solicitantes fue cerrada en el 2005.
Junto con todo ello, además se han deteriorado las relaciones con los trabajadores, en primera instancia negándoles el derecho a organizarse, a los derechos mínimos de seguridad social y estabilidad laboral y libre asociación. Primero las llamadas «cirugías menores» -es decir, los despidos de personal- que en enero de este año dejaban fuera a 37 trabajadores. Ahí la lucha organizada impidió esta arbitrariedad, pero también sirvió para focalizar la represión.
Después de dos años de lucha (hubo antes intentos valiosos como la Coordinadora de Honorarios o el movimiento llamado El Consejo) los trabajadores de «honorarios» lograron su basificación, pero fueron despojados de su derecho a decidir entre todos ellos el proceso de asignación de 83 plazas, ya que éstas son asignadas al comité ejecutivo del sindicato charro, el cual ha reprimido a sus agremiados con expulsiones y promoviendo despidos injustificados, y a través del amiguismo y nepotismo las asigna a su antojo en un convenio desconocido, a pie de escalafón. Pero sólo para compadres o recomendados (hay quien dice que la palomeada tenía un costo de 6 mil pesos), y por supuesto nadie de los que lucharon fue beneficiado: «son conflictivos» señalan las autoridades, son el «Bloque opositor», dicen los charros.
El director general, José Antonio Revah, cuatísimo del priísta Marcelo Ebrard, y ex director de Demet (constructora a la cual están asignadas las concesiones, sin licitación, de construcción del INVI) ha delegado las decisiones políticas-laborales en el Director de Administración, Salvador Pérez Briones, quien cuenta con un pasado nefasto de represión sindical en FIDERE, ante su incapacidad de entender que los trabajadores no son «capital humano» y que tienen derechos irrenunciables.
Grave es el procedimiento de basificación en estas condiciones: un 50% de los trabajadores recién basificados tuvieron que bajarse los salarios hasta en un 50% y todos despedirse de su antigüedad de hasta 10 años… y el sindicato muy contento, habrá más cuotas sindicales, ¿no? Ahora existe un cuello de botella hacia las plazas más altas que sólo con otro acuerdo en lo oscurito será posible contener.
La más reciente acción de represión se dirige a la comisión negociadora de la basificación que ha dado la lucha por los derechos laborales. La última hazaña del contubernio patrón-sindicato ha sido el despido injustificado de una trabajadora de base que era parte de la comisión, Yiria Escamilla. El Instituto tiene 52 demandas por despido ante la Junta Local (el gobierno capitalino está entre los entes con mayor número de juicios por despido injustificado, sólo por debajo de Wal-Mart y Comercial Mexicana, así lo ha denunciado la Asamblea General de Trabajadores del GDF).
Clásica artimaña patronal de: divide y vencerás. Ilusoriamente las autoridades piensan que muerto el perro se acabó la rabia. Pero nada detendrá a las y los verdaderos consecuentes. Ya lo veremos.
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