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“Fragmentos de la editorial de la revista En el Volcán Insurgente, Número 61
En este ir y venir de argumentos ideológicos, desde los cuales se pretende hacer ver y hacer creer que el desarrollismo tardío y el despojo capitalista son “medios justos” para alcanzar el bienestar social, se fragua el avance económico, político y administrativo del aparato castrense en México. Así, cada vez son más los espacios cedidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Marina Armada (SEMAR) y a la Guardia Nacional (GN).
A finales de 2018, el presupuesto designado a la SEDENA contemplaba su participación directa en la construcción, inversión y administración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles; en la construcción de los “Bancos para el bienestar”, que se ubicarán en los municipios con mayor número de población registrada en los programas sociales; y, a su vez, en el despliegue de más de 70 mil efectivos en todo el país, pero ubicados mayormente en el sureste mexicano.
Asimismo, por instrucciones del gobierno estadounidense, a partir de junio de 2019, este despliegue de la GN contempló intensificar la securitización de nuestra frontera con Guatemala; luego se informó que la SEDENA construirá 2.550 km en dos tramos del Tren que no es Maya y “ciudades militares” en distintos estados, a lo que se suma la intención de ceder a la SEMAR la administración de los puertos marítimos.
Lo más reciente ha sido la determinación de intervenir en la contingencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, operando el Plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, mejor conocido como Plan DN-III-E, creado en 1965 bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Para esta ocasión, dicho plan ha contemplado el uso mediático de la ficción jurídica denominada “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor”, tras de la cual se intenta ocultar el despliegue del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana (A finales de 2020 se agrega que las fuerzas armadas serán las encargadas de vigilancia, trasiego y administración de la vacunación contra el COVID iniciada el 24 de diciembre. Nota de El Zenzontle).
Para intervenir en la contingencia sanitaria, a estas instituciones castrenses se les ha concedido un aumento de 4 mil 500 millones de pesos en su ya abultado presupuesto, así como el reforzamiento de su presencia en el ámbito civil, con el despliegue de 81 mil elementos de la GN, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Es de llamar la atención porque el pasado 16 de marzo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAD),, obligó a la GN para que transparentara el monto de los recursos ejercidos como parte de su presupuesto correspondiente al 2019, a lo cual la GN se había negado, declarando la inexistencia de tal información, al argumentar que no se le habían asignado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año (Boletín: INAI1/036/20).
Sabemos que la GN entró en funciones el 30 de junio de 2019, lo cual ha supuesto un gasto extraordinario aproximado a los 20 mil millones de pesos en infraestructura para su operación y funcionamiento, así como un presupuesto calculado minimamente de 2 mil 500 millones de pesos para sueldos y salarios de sus mandos, coordinadores y regimientos, destacamentados mayormente en las regiones de mayor resistencia alos proyectos desarrollistas del sureste mexicano, como bien lo ha documentado Zósimo Camacho en la revista Contralínea. Reveladora ubicación. En este contexto, el aviso de que entrará en operación el Plan DN-IH-E fue publicitado luego de una reunión extraordinaria que sostuvo Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores, con Mike Pompeo, secretario de Estado en el gobierno de Trump, para evitar el cierre total de nuestra frontera norte. El acuerdo alcanzado intensifica el despliegue del aparato castrense, con el propósito de contener el avance del contagio por el virus SARS-CoV2 a través de la población centroamericana que migra a EEUU, y, en general, el de controlar al total de la población nacional. En el mes de abril se publicaron los decretos para la extinción de fideicomisos (02-04-2020) y la aplicación de medidas de austeridad ante la contingencia (23-04-2020): con el primero se golpea directamente el presupuesto asignado para la creación artística, la investigación científica y la intervención humanitaria en situaciones de emergencia y desastres; con el segundo se trasgreden derechos irrenunciables de todos los trabajadores al servicio del Estado, pero se dispara el presupuesto para los megaproyectos antes enunciados a 622 mil 556 millones de pesos.
Militarismo en la vida civil
Asimismo, en el decreto del 23 de abril queda de manifiesto que durante la contingencia sanitaria el aparato castrense gozará de un trato excepcional, lo cual es muestra del proteccionismo que aplica López Obrador en favor de la acumulación militarizada. Sin duda este es el intento gubernamental más desesperado por seguir la línea de acción trazada por Trump y mantener a flote la “lealtad republicana” de las fuerzas armadas en México. En el discurso político del gobierno actual y en el de sus adeptos encontramos el sentido ideológico de sus acciones, esto es, ideas que organizadas intencionalmente presentan al aparato castrense como un “medio justo” para intervenir en el conjunto de la vida civil de la población, aunque para conseguirlo se haya tenido que reformar nuestra Constitución Política y recurrir al eufemismo, socorrido de los tiempos del priísmo de que: “el Ejército es el pueblo pobre armado”. A esto le denominaremos militarismo en la vida civil.
Conforman un sistema - ideológico desde el cual se ha alterado, en buena medida, el carácter civil de la Constitución mexicana.
Dicho trastrocamiento ha facilitado que amplios sectores de la sociedad consideren pertinente o “natural”, el que la vida civil sea intervenida militarmente y, por ejemplo, vea con buenos ojos que el Ejército federal y la Marina Armada vayan a apropiarse de por lo menos de 32 hospitales civiles adscritos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABD, 48 unidades operativas, 12 unidades en reconversión y 38 almacenes del Instituto Mexicano para la Seguridad Social (IMSS), so pretexto de la diagnosis frente a la Covid-19, aunque los mismos hospitales no cuenten aún con los insumos minimamente necesarios para eso. Á esto le denominaremos militarización de la vida civil.
Avanza la intervención militar en la vida económica del país.
Ceder a la SEDENA, y otras instituciones castrenses, espacios de inversión financiera y administración para la construcción de infraestructura en comunicaciones y transporte, de infraestructura pública, así como para la producción de mercancías industrializadas y la administración comercial de puertos y aduanas, además del control social de la mano de obra migrante, así como la ineficaz participación en el control del tráfico de armas, trata de personas y estupefacientes, es facilitar su tránsito en los circuitos mismos del capital. Á esto le denominaremos acumulación militarizada, concepto propuesto por nuestro colega William I. Robinson, en el sentido de “lanzar guerras e intervenciones que producen ciclos de destrucción y reconstrucción y generan inmensos beneficios para un complejo militar- carcelario-industrial-de-seguridad-financiero en continua expansión”.
Nota adicional de El Zenzontle: En Diciembre en su visita a los estados de Campeche y Quintana Roo, López Obrador anunció que además de la labor del ejército en la construcción de las obras del mal llamado Tren Maya serán encargados de administrar tramos y servicios de ese megaproyecto y los aeropuertos en esos estados más el internacional de Santa Lucia en el Estado de México. A la vez, las fuerzas de la marina armada de México asumen el papel de administradores de puertos y de la marina mercante. El Presupuesto de 2021 sumará a las inversiones públicas en esas obras los pagos a los administradores y trabajadores militares de las mismas, y entregará las ganancias de esa labor de los militares al fondo de pensiones del ejército mientras deja que la voracidad de las Afore sigan tragándose los fondos de retiro de las y los trabajadores mexicanos. Los mimos a las fuerzas armadas llegan al colmo cuando se mantiene en la impunidad a criminales como el exsecretario de defensa nacional Salvador Cienfuegos y a los militares que con él participaron en el crimen organizado dentro y fuera de las instituciones.

Categoría: Las Armas de La Crítica
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