Comienza el 2020 con la economía mexicana estancada y con amenazas de recesión. El pago de las deudas y sus costos, que no sube tan rápido como en gobiernos anteriores pero sube, enriquece a los bancos con los dineros del pueblo y de la nación. Sin embargo, se afirma que la firma del T-MEC y los yacimientos de litio y de petróleo, ya licitados para su explotación por transnacionales, traerán el soporte que evite la fase recesiva de la crisis. Algunos señalan que las nuevas disposiciones laborales que impone el T-Mec, así como las ventajas para Estados Unidos llevarán a inversionistas a dejar de invertir en México. La verdad es que el amplio diferencial de salarios entre México y el resto de los países, y la ventaja competitiva de localización con escasas normas seguirá atrayendo a las transnacionales.

L o s s a l a r i o s : p ro d u c i r consumidores

Las condiciones de vida de la mayoría de la población aparentan una mejora con el pacto empresarial con el gobierno y los burócratas sindicales para elevar en un 20% los salarios mínimos llegando a 123.22 pesos diarios en el país y de 5% en la frontera norte donde llega a $185.56. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, subraya: “para entender la dimensión del deterioro es necesario asociar los niveles de ingreso y consumo de la clase trabajadora.” El saldo del primero de enero de 1982 al 26 de octubre de 2018 arroja una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario de 88.71 por ciento, con referencia al precio de la Canasta alimentaria Recomendable CAR. Por lo que el aumento para 2020 sólo alcanza para cubrir una canasta individual y queda muy por debajo de la que se recomienda para una familia promedio.

Apenas 1.6 millones de trabajadores de la economía formal serán beneficiados directamente con el aumento de 20 por ciento al salario mínimo. La cifra representa sólo 2.8 por ciento de los 55.2 millones de mexicanos que trabajan y 6.6 por ciento de los 24 millones que lo hacen en la economía formal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si casi 11 millones de mexicanos ganan hasta un salario mínimo, 85 por ciento labora en la economía informal y nada indica que éstos reciban el beneficio del aumento al mínimo.

En los hechos, solo será el 11 % de la población que gana hasta un salario mínimo la que podría estar “segura” de que se le pagará tal aumento ya que en México hay 10.95 millones de personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo, que equivale a 19.8 por ciento de la población con empleo, pero de ella el 85.2 por ciento labora en la informalidad.

 

El desprecio a la fuerza de trabajo

El gobierno actual no reconoce que 6 de cada 10 de los 55 millones de empleaos en México trabajan en el sector informal. Cuando a ellos se refiere, lo hace buscando cómo lograr que las empresas comerciales y de servicios paguen impuestos y por esa vía den su cuota al IMSS para la seguridad social de su personal ocupado. La otra insistencia es simular que esa población empleada en la informalidad es atendida por sus programas sociales, los que ocupan jóvenes, asisten a mujeres y a ancianos. En esos casos se trata de asistencia social individual, no son derechos colectivos. También hay programas para “emprendedores” con proyectos de inversión mínima y de tandas que pretenden reanimar a los pequeños productores y comerciantes ante e l de s p l a z ami ento que padecen por la competencia de las grandes empresas. Estos subsidios no logran superar el ingreso en esos sectores, y mucho menos aumentar el empleo formal.

En 2019 el empleo se desaceleró en sectores industriales y de la construcción, y en el del gobierno por los recortes del programa de austeridad y el cierre de programas institucionales. Por ello, entre enero y noviembre, los mexicanos han sacado de las cuentas de las afores 11 mil 194 millones de pesos. Es muestra de la desocupación en aumento y el número de trabajos formales con una caída de 30 por ciento.

El empleo seguirá precarizado también por los procesos de tercerización de los contratos (outsourcing), intocables hasta para reformas leves, principalmente fiscales, como la que proponía el charro sindical y senador Napoleón Gómez. Igual se desprecia al empleo por las vías de contratación a prueba, eventual, los trabajos a domicilio y la uberización de empleos. Quien trabaja paga los costos de ser esclavizado por las compañías que lo registran en sus negocios.

 

Las ganancias y los ganones

México es uno de los principales países de alta desigualdad en América Latina. La desigualdad permite lucir entre los más ricos el mundo a una decena de empresarios “mexicanos”. Además en el México actual los bancos y grupos financieros se llevan las más altas ganancias, de manera comprobada ganan hasta 10 veces más que en sus países de origen. En el caso de las afore, ellas y el Estado gozan sin medida de utilizar los miles de millones de pesos del ahorro para el retiro, más las altas comisiones y hasta los rendimientos por “invertirlos” en proyectos, que incluyen aquellos que subsidian a empresas constructoras de los mismos o a los dueños y concesionarios de los aeropuertos, las autopistas, hidroeléctricas, gasouctos, trenes, eólicas y hasta mineras. De enero a noviembre de 2019, la ganancia que obtuvieron las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore) por invertir el ahorro de los trabajadores mexicanos ascendió a 14 mil millones de pesos, en diciembre superó a los 13 mil 900 millones de pesos que registraron durante todo 2018.

La ganancia es un botín que pelean los diferentes empresarios y gobiernos, aunque las trasnacionales y el capital financiero se llevan la tajada del león no sólo por la composición orgánica y técnica de sus capitales, sino por las facilidades de despojo, depredación y corrupción que implantan mundialmente. A pesar de ello, si las y los trabajadores no consumen por falta de ingresos y hasta dejan de pagar sus deudas (tarjetas, hipotecas, abonos “chiquitos”), la venta en el mercado interno y la fuerte competencia internacional a las exportaciones obliga a aumentar los salarios como ahora sucede en México. 

Pero el “costo” de ese aumento lo paga con impuestos indirectos la población como son el IVA y el impuesto especial para producción y servicios, IEPS, mochando salarios para pagos como el transporte (ver el descarado aumento al transporte público en el estado de México, en Puebla y otras entidades), lo que además trae inflación por el traslado de alimentos y bienes básicos.

En cambio, el gobierno federal no eleva el impuesto sobre la renta a quienes más ganan, Los empresarios tienen una tasa de evasión de 56 por ciento, que representa 0.3 por del PIB, equivalente a 60 mil millones de pesos. Y los arrendatarios tienen una tasa de evasión de 73.5 por ciento, lo que representa 0.1 del PIB, o sea 20 mil millones de pesos. Tampoco se atreve el gobierno a aumentar las pensiones conforme el salario mínimo y dice que “lo está pensando”.

 

¿Qué hacer?

Carlos Marx mostró las contradicciones del capitalismo que confronta el salario como pago al precio de la fuerza de trabajo muy abajo del valor que esta agrega a las mercancías, deja una masa de valor excedente que los capitalistas se reparten como ganancias. Es una contradicción antagónica. Ningún pacto entre los líderes y patrones, ni la mano falsamente neutral del Estado resuelven la constante explotación, expropiación de derechos y despojo a la población trabajadora del campo y de la ciudad.

La emancipación de las y los trabajadores, sólo será posible por obra del pueblo trabajador que requiere construir en la lucha de manera conciente y orgaizada, desde ahora y desde abajo, su poder y ejercerlo en todas sus expresiones.